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Prohibieron a las empresas de delivery

El juez Gallardo le ordenó al gobierno porteño que prohiba la circulación de los repartidores y le encargó que diseñe y ejecute un plan de contingencia social para compensar la reducción de los ingresos.

Andrés Gallardo, titular del Juzgado N.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, le ordenó al gobierno porteño que prohiba la actividad de las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que las mismas puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos del Código de Tránsito y Transporte.

En la resolución judicial emitida, asimismo se incluyó un plan de contingencia para los repartidores de las firmas involucradas, que pueda compensar la reducción de sus ingresos hasta la normalización de la situación, que deberá diseñar y ejecutar el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

El magistrado señaló que “como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad contenidas en los artículos 13.3.5., 13.3.6., 13.4.2.2., 13.6.1. del Código de Tránsito y Transporte, y 13.4.2.2. del Decreto Reglamentario 198/18”.

Producto de ello, advirtió que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”.

Además, indicó que “frente al hecho de que cualquier medida que se adopte resentirá el ingreso que perciben los trabajadores de mensajería. Situación que golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente”.

A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, donde el 77 por ciento circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda; el 70 por ciento desempeñaba tareas sin seguro alguno; y por último, un 67 por ciento circulaba sin casco.

A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente y advirtió que en el laspso de un mes se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo aquí resuelto”.

Fotografía: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

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