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“Una tarifa social es una cuestión de derecho humano”

La Comuna 7 habló con Luis Goldin, abogado y miembro de “Nace un derecho”, que nos cuenta sobre la historia de la agrupación y las acciones que están llevando a cabo para asesorar a la ciudadanía sobre los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

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LC7: ¿Cómo surge “Nace un derecho”?
LG: Surge de un grupo de abogados, hijos de la universidad pública, con diversas inquietudes sociales, que quieren devolverle a la sociedad lo que les dio: la posibilidad de estudiar de una forma no arancelada. Nosotros decimos que no es gratuita la universidad sino que es “no arancelada”. Esto significa que el pueblo la paga y nosotros, de alguna manera tenemos que devolver esa posibilidad que tuvimos. Y una de las formas que encontramos desde el derecho es defendiendo a los que menos tienen. Por eso, en ese contexto surge lo que es “Nace un derecho”. Puntualmente con lo que es el tema del tarifazo, nos contacta un comerciante porque se da cuenta que con la primera factura de luz tiene que despedir a empleados o directamente cerrar el negocio. Si bien no es lo único que hacemos, nos ponemos a estudiar la normativa y vemos que tiene una cantidad de falencias impresionantes y que es inconstitucional a todas luces. Entonces, presentamos amparos en Capital, amparos que todavía continúan vigentes. Y así es que surgimos y nos involucramos con el tema del tarifazo.

LC7: ¿Cuáles problemáticas han abordado, además del aumento de tarifas en los servicios públicos?
LG: El tema del desempleo, en la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. En este último tiempo, ha aumentado mucho el índice de represión. Nos hemos involucrado en desalojos. En pedidos de informes al gobierno, sobre todo en temas de corrupción. Ayudamos a los feriantes a regularizar su situación. Muchos casos de violencia institucional que han ido en aumento y tratamos de ayudar a todos los ciudadanos ante el desamparo de estas situaciones.

LC7: ¿Cuál es su ámbito de influencia e inserción?
LG: Si bien la mayoría de los compañeros estamos en Capital, tenemos una inserción nacional por una cuestión básica. Al estudiar en una universidad pública, muchos de los conocidos volvieron a sus lugares de origen. Por ejemplo, Jonathan Bogado es un compañero de “Nace un derecho” que está en Río Grande y que casualmente no lo dejaron hablar en la última Audiencia Pública. Nos han contactado de Misiones, de La Rioja, de distintos lugares del país que hace que tengamos una visión federal. Si bien muchas de las cosas que hemos hecho son de Capital. Por ejemplo, hemos escrito artículos con el tema de los alquileres y la comisión usuraria que usan las inmobiliarias.

LC7: ¿Se vinculan con partidos políticos u organizaciones sociales?
LG: No nos vinculamos con instituciones ni organizaciones políticas. Ahora bien, lo que no hacemos es discriminar por donde es la institución o cual es el partido político. Si nos llaman con alguna problemática, nosotros estamos abiertos sea una organización política macrista, kirchnerista, massista porque es una cuestión que excede a lo que son los partidos políticos que son las problemáticas comunes de los ciudadanos. No estamos trabajando puntualmente con alguien sino que vamos abarcando diversas temáticas, nos llega, la estudiamos y ayudamos desde nuestra profesión como podemos.

Junto con los con vecinos y organizaciones en la presentación de impugnaciones a la audiencia pública convocada por el ENARGAS.

Junto con los con vecinos y organizaciones en la presentación de impugnaciones a la audiencia pública convocada por el ENARGAS.

LC7: ¿Cómo evalúan el resultado de las audiencias públicas en relación al aumento de tarifas?
LG: Sumamente negativo. Primero, porque las audiencias están mal convocadas desde un primer momento. Como agrupación, pedimos que se impugne administrativamente la audiencia y de hecho lo hicimos, porque tiene muchas falencias. 3 falencias principales: en primer lugar, que el objeto que solicitó la Corte que se hable, no se habló. En segundo lugar, la información no estaba disponible. Una audiencia pública para que la gente pueda participar, pueda sumarse, pueda emitir su voz, que es lo más democrático que puede ser, no hay información disponible. Estaba oculta la información y no estaba disponible, como exige la ley 20 días antes. Y por otro lado, el tema del federalismo. Que se celebre una audiencia en la Usina del Arte para todo el país, no se puede. Tenes 9 distribuidoras en todo el país y se podría haber hecho una audiencia en cada una de ellas. Partiendo de todo esto, la audiencia pública tiene un mal destino. Y no se discutió lo fundamental para nosotros: la tarifa como un derecho humano. Una tarifa social es una cuestión de derecho humano porque quien puede concebir una vivienda digna hoy en día si no tiene acceso a la luz, al agua y al gas. La realidad es que la tarifa como hoy está planteada no te permite ese acceso. Con un sueldo promedio de $12.000 y un alquiler de $5.000, si vos tenes que destinar de $3.000 a $4.000 a pagar luz, agua o gas, la realidad es que está cerciorado tu derecho humano a una vivienda digna.

LC7: ¿Cómo se aplica este derecho universal cuando se trata de una actividad con lucro, como puede ser la de un comerciante?
LG: Hay un derecho humano que es muy básico y es el derecho al trabajo. Nosotros no estamos hablando de mega industrias. Estamos acompañando al pequeño comerciante de a pie, que trabaja en su kiosko, o que tiene uno o dos empleados. A alguien que le aumenta un 1.000% la luz y no puede costear esos aumentos, tiene que cerrar el comercio. Y por ende, tiene violado su derecho a trabajar. Hay que ir a un debate más profundo más allá de un excel o de una tarifa social del 200% y vemos si se puede pagar. No es así. Tiene que haber un estudio consiente, un análisis de mercado correcto, un análisis de cómo está la ciudadanía y cómo se tiene que aplicar un aumento, si el criterio es que hay que hacerlo, y ver la mejor forma de hacerlo para que no sea violatorio de los derechos humanos porque nadie ha tenido un aumento del 400% en el salario.

LC7: ¿Ustedes tienen alguna propuesta o algún estudio que indique cual sería el porcentaje más justo?
LG: Si bien nos hemos reunidos para preparar los amparos con distintos técnicos y economistas, nosotros no somos técnicos. Si hemos propuestos que se haga un estudio consiente de la situación habitacional de cada uno de los lugares y que en base a eso se instrumenten los aumentos que el gobierno crea pertinente realizar. Ahora bien, un proyecto que hemos presentado es para que la audiencia pública sea vinculante porque de lo contrario es una cuestión meramente informativa. Y en la audiencia ha habido expositores que realmente conocen de la materia en cuestiones técnicas, y no solo de lo económico, sino en materia energética para lograr un autoabastecimiento con un precio que la población pueda acceder, que no haya desfinanciamiento del Estado y de los ciudadanos que lo conforman. Entonces, que la audiencia pública sea vinculante para que se pueda realizar un aumento si es que se tiene que realizar un aumento a conciencia. Y digo si es que se tiene que hacerlo, porque no conocemos la información, por ejemplo del precio de extracción. Hay mucho oscurantismo que no tiene porque haberlo en un lugar donde interviene el Estado que somos todos y donde pagamos la tarifa todos los ciudadanos.

LC7: ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar?
LG: Lo primero que quiero aclarar es que nosotros no creemos que esto sea una cuestión de “prueba y error”. Acá se está intentando ver hasta cuanto se puede aumentar, porque la primera resolución tenía planteado 3 aumentos. Y ese primer aumento cayó mal en la gente y se dio marcha atrás. No hay prueba y error. Acá hay una clara intención de como redistribuir los ingresos de la sociedad y lo que se está haciendo es probar cuanto tolera la sociedad esa distribución. No hay ningún error: hay una clara intención. Y los pasos a seguir es impugnar cualquier resolución que salga de esa audiencia pública por cómo estuvo convocada y también plantear nuevos amparos para quien quiera hacerlo, continuar con los que se venían haciendo. Y plantear nuevos amparos desde la óptica de la inconstitucionalidad del tarifazo por la violación de los derechos humanos.

LC7: ¿Ustedes han generado algún modelo para realizar los amparos?
LG: Nosotros hemos generado modelos de impugnación y son de público acceso. Invitamos a todos a descargarlos en el Facebook y en el blog de “Nace un derecho”. Y hemos hecho amparos para ciudadanos y para comercios. Por lo tanto, invitamos a quien quiera presentar un amparo que se contacte con nosotros a través de los medios disponibles en la página de Facebook.

Anuncio de la próxima actividad en la que participará Hernán Mirasole, miembro de la agrupación.

Anuncio de la próxima actividad en la que participará Hernán Mirasole, miembro de la agrupación.

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