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Buzzo Pipet pide mecanismos de control en manos de la sociedad civil para luchar contra la inseguridad

Adolfo Buzzo Pipet fue candidato a comunero por el Frente SurGen en las últimas elecciones en la Ciudad. Frente a los hechos de inseguridad en Flores y Parque Chacabuco, Adolfo nos aporta su mirada compleja evaluando lo actuado y proponiendo otra vía para la resolución de los problemas.

La inseguridad en la Comuna encierra múltiples y complejas variables sobre las cuales es vital la participación y el compromiso del Estado, tanto a la hora de desarrollar políticas a mediano y largo plazo de contención social, como para ejecutar medidas de contingencia que aborden en lo inmediato la creciente ola de delitos que sufrimos en nuestros barrios. Si bien la participación de los vecinos es fundamental a la hora de abordar el control territorial, de poco sirve mientras no se cambie el paradigma en el cual se deposita toda la responsabilidad en una fuerza de seguridad seriamente sospechada de complicidad y corrupción.

La solución propuesta por el Gobierno de la Ciudad (remoción de la cúpula de la comisaria, saturación policial y controles en las calles) no parecen ser más que medidas demagógicas y con perspectivas a las elecciones de este año. Pensar la problemática bajo la lógica de “policías malos” que arruinan la institución, cuando esa misma institución es la corrupta, es infantil y no representa un cambio sustantivo en la realidad que nos toca vivir. El tema no va a resolverse ni con “policías buenos” al frente de las comisarias, ni con la incorporación de cientos de efectivos a las tareas de seguridad. Mientras duren los operativos, los delincuentes dejaran de operar en la zona, pero ese problema se mudara a otra comuna y la solución de fondo seguirá esperando la decisión política de terminar con las mafias y las zonas liberadas.

En este punto, es evidente que el problema de la inseguridad es grave en toda el área metropolitana. Los casos resonantes sucedidos en la Comuna han puesto a Flores en el centro de las miradas, pero no es una situación ajena a otros barrios de la Ciudad, donde los vecinos hemos quedado en medio de la disputa policial y política surgida por la unificación de las fuerzas (Metropolitana y PFA) y el reparto de las “cajas” de financiación surgidas de la corrupción.

Solo depositando los mecanismos de control en manos de la sociedad civil, que persigan la corrupción policial y terminen con los negocios fraudulentos provenientes de actividades ilícitas y criminales, podremos empezar a atacar las raíces de la inseguridad. Un buen punto sería otorgar facultades a los Comuneros para participar de una mesa en nombre de los vecinos junto a los comisarios de la comuna y representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde se pueda realizar un seguimiento de las tareas y una auditoria sobre el desempeño de la policía, funcionando de enlace entre las necesidades de los vecinos y las acciones concretas de las fuerzas de seguridad.

Lamentablemente todo esto se ve muy lejano por la falta de decisión política para abordar la problemática con firmeza y colaborar desde otras áreas del Estado (urbanizando los barrios, brindando salud, trabajo y educación a los sectores más postergados, etc.) para achicar la brecha entre ricos y pobres y generar las condiciones para que no prospere la marginalidad y los grandes negocios ilícitos (narcotráfico, trata, talleres clandestinos, etc.); actividades que, en muchos casos, terminan tributando a políticos corruptos o financiando campañas electorales.

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