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“La grieta está entre las personas que están adentro y fuera del sistema”

Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, dio una entrevista en la que repasó todos los temas en los que están trabajando actualmente. Elecciones, violencia de género, pobreza, consumo de paco, alquileres, patrimonio, suba de tarifas, en fin; pero lo más importante son las propuestas que poseen y la mirada desde la cual se posicionan ante cada conflicto que sucede en nuestra ciudad.

¿Qué se encuentran haciendo en los días previos a las elecciones?

Cuando fiscalizamos las elecciones, nosotros convocamos a los apoderados de todas las fuerzas políticas y les pedimos que nos acompañen, aunque nunca vino nadie, pero nadie en toda la Argentina.

¿Por qué cree que no asisten?

Porque hay un nivel de confianza alto. Las denuncias en los medios acerca de una posible manipulación, no es lo que va a pasar en el correo, pero sí puede pasar en la manera que se vayan notificando los telegramas que lleguen, es decir, vos podes esconder un montón de telegramas y sacarlos después, no decís nada y vas mandando otros que te sean favorables. Para sorpresa de todos les puedo decir que no hay en la historia argentina desde el 83 hasta acá denuncias de fraude en ningún lugar. De elecciones presidenciales estoy hablando, lo hemos revisado con la Cámara Electoral, lo he hablado con Servini de Cubría, que siempre me dice “yo fui la que puse a todos los presidentes de la Argentina después de Alfonsín”. Hay un trabajo muy importante hecho por Liliana Varela, que fue directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron una investigación de todas las elecciones desde Martín Rodríguez en 1821 en la Ciudad de Buenos Aires hasta acá. No hubo denuncias de fraude nunca en la Ciudad de Buenos Aires en ninguna elección.

¿Qué piensa del sistema de voto electrónico como método de elección?

Estoy a favor de la incorporación de tecnología, bajo un modelo que nosotros propusimos que se desarrolló con el CONICET y con el INTI, que es una boleta única de papel con un lector QR que lo tienen todos los celulares, que no te permite adulterar absolutamente nada porque en la boleta lo que haces es trabajar con una birome, entonces pones tu candidato y el lector QR levanta tu elección, entonces no tiene posibilidad de fraude, es un sistema muy barato y hay que ver si hay interés en tener un sistema tan barato…

Pero de los sistemas que se proponen de voto electrónico… ¿está de acuerdo?

Nosotros estamos en contra del voto electrónico. Tenemos una postura crítica basada en el fallo del Tribunal Constitucional alemán, porque igual que el de Brasil, el voto electrónico no deja registro de lo que vos votaste. Vos terminas de hacer tu voto, la pantalla se pone en blanco y sale un papelito que dice “José López votó” ¿Y lo que yo voté dónde está? Es distinto a la boleta electrónica que ofrecía un soporte donde vos cuando terminabas de votar mirabas y comparabas, incluso la ponías frente y verificabas. Te quedaba este soporte que lo tenías que doblar para que el chip quedará tapado por la malla metálica y no pudiera ser escaneado.

Siendo usted el presidente de los defensores de todo el país y teniendo en cuenta que es uno de los problemas más graves que atraviesa Argentina. ¿Cuáles son las acciones concretas que hacen sobre la violencia de género?

Buenísima pregunta, lamentablemente lo que te voy a decir seguramente no va a gustar, porque tenemos un problema cultural en la Argentina, la violencia de género en algunos sectores de la sociedad tiene niveles de aceptación altísimos. Lo vivimos permanentemente. Nosotros trabajamos con la Casa del Encuentro y en toda la Argentina. Datos básicos, en el norte del país no vas a encontrar defensoras mujeres, esto no es una expresión de violencia de género, pero si una demostración cultural. Un ejemplo paralelo para entender estas prácticas culturales: en Salta se está discutiendo la educación católica en las escuelas públicas, uno podrá estar a favor o en contra, pero me parece que el Estado debe garantizar educación para todos en igualdad.

¿Cómo es el papel del Estado en este tema tan delicado?

El Estado tiene que tener una actividad de contención del conjunto de la sociedad. Nosotros estamos hoy con una campaña muy fuerte contra el acoso callejero, la violencia de género se manifiesta en montones de expresiones, no solo que no ocupan cargos las mujeres, es muy amplia la cobertura que hay que hacer. Tenemos una campaña muy fuerte contra el acoso callejero y las puteadas que tenemos en las redes sociales son impresionantes. Recientemente se ha aprobado en comisión el primer proyecto de ley para contener y ayudar a los chicos que quedan huérfanos de madre producto de un femicidio y encima con el padre preso, eso se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires y aunque te parezca mentira se discutió el monto. Nosotros propusimos un salario mínimo, vital y móvil, que pareció excesivo, entonces se acordó la jubilación mínima. Quiero aclarar que en esto hay unanimidad, solo me sorprendió lo del monto, me pareció increíble. También avanzamos en el otorgamiento de una casa para la Casa del Encuentro, que hoy no tiene, la ley salió aprobada por unanimidad y se les va a otorgar una casa a la gente que realmente lleva el único registro de femicidios de toda la República Argentina de carácter completo. Recordemos que la Casa del Encuentro, y nosotros acompañamos eso, tiene una crítica hacia el registro que lleva la Corte de Suprema porque ahí no se computan como víctimas de femicidio por ejemplo a los tran o a los que se suicidan. La Corte tiene la obligación de hacerlo completo.

¿Cómo ven la implementación de los Centros Integrales de la Mujer en la ciudad?

Les doy un dato fundamental, cuando se discutió el presupuesto de la ciudad, las delegadas de la división de la mujer vinieron a hacer una denuncia porque se reducía el presupuesto programático en más de un 50%. Se hizo una asamblea con las compañeras del lugar e intimamos para que el Gobierno de la Ciudad no sólo restablezca el presupuesto sino que lo amplíe. Este presupuesto social se restableció y se aumentó, pero llevó una discusión. La ministra estaba de acuerdo con nosotros, compartía el criterio. Estas mujeres pedían partidas presupuestarias para contención, para campañas, para todos. Lo mismo te puedo decir para el paco y para las drogas, decime una última campaña de drogas que vos tengas memoria. Desde la defensoría estamos con eso, construimos un centro de atención con Gustavo Carrara en la Villa 1-11-14 para los chicos del paco. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires nos debe, ganamos un juicio, Casa Millán, que lo empezó Alicia Oliveira, ganó en primera instancia Alicia Pierini y nosotros en mi gestión ganamos en cámara. Se condenó al Estado y a la empresa privada. La empresa privada ya pagó y el Estado todavía no, con lo que ganamos nos alcanzó para construir la primera parte de este centro que tiene a 300 pibes en la Villa 1-11-14. Nosotros como institución del Estado no podemos recibir indemnización, ganamos un juicio y lo que yo le propuse a la cámara es construir un centro de estas características para la contención de los chicos del paco, firmaron los 3 camaristas, “pum, pum, pum” lo bancaron y la verdad es que lo terminamos en 8 meses, pero falta la otra parte que tiene que pagar el GCBA para completar la obra. Les quiero decir, si van a la 1-11-14, está a 2 cuadras de donde detuvieron a los jefes narcos, para hablar claro. Además tenemos una sede de la Defensoría del Pueblo en cada villa y las campañas que ahí hacemos son muy fuertes, se hace prevención y ahora estamos trabajando en la formación de promotores sanitarios. No podemos seguir contando a los chicos que están en el Cementerio de Flores, a su alrededor hay 60 carpitas que siguen estando siempre a pesar de que los que las ocupan no son siempre los mismos porque se van muriendo. El promedio de vida de los chicos del paco es bajísimo cuando entran en el consumo más duro, entonces la carpita queda y hay otro chico. El problema para la Defensoría es cómo se resuelve, creemos que esta política que llevamos adelante en la 1-11-14 es la política que hay que tener, centros de atención para el paco, el paco te mata, rápidamente y destroza cabezas y familias.

Actualmente el tema de la Casa Millán es un tema de patrimonio. ¿Cómo ve este problema?

Es un tema de plata, nada más, tiraron abajo un patrimonio histórico y como Defensoría actuamos, dolió muchísimo el fallo y la verdad que nos interesa. Ustedes deben tener la información que estamos defendiendo el Cine El Plata, el Cine-Teatro Urquiza, salimos a defender todo lo que es patrimonio de la gente y de la ciudad. El patrimonio es un derecho ligado a nuestra identidad. Tenemos una postura en ese sentido y la vamos a sostener a pesar de las presiones de los grupos inversores inmobiliarios que son grandes.

Cambiando de tema, ustedes saben de la discusión del nuevo proyecto de ley de inquilinos.  ¿Qué rol jugaría la Defensoría en caso que se apruebe?

Nosotros tenemos un proyecto de ley de inquilinos más amplio que el que está proponiendo el gobierno, de hecho el proyecto del gobierno está tomado claramente del nuestro, pero de la primera parte del nuestro. Pero igual acompañamos el del gobierno porque la verdad es que es un paso gigante. Que los inquilinos no paguen la comisión a la inmobiliaria es un paso kilométrico, cualquiera que va a alquilar hoy sabe lo que eso significa. Pero tenemos otras opiniones, por ejemplo que los empleados del Estado, en vez de la garantía, tengan al Estado como garante porque es el que le paga los salarios y los trabajadores tienen estabilidad. En el caso del sector privado, que el Banco Ciudad cree un seguro de caución para que no presentes una hipoteca. También creemos que muchos trámites deben ser gratuitos. En la ciudad hay 900 mil personas que alquilan, de las cuales un 10% son locales, que tienen una afectación fuerte por el aumento de las tarifas, en la mayoría de los locales comerciales el problema ya no es el pago del alquiler sino el pago de electricidad.

¿Crees que se va a aprobar?

Creo que se va a aprobar, pero lo que empieza a haber es una especie de lobby fuerte de parte de las inmobiliarias, pero ahí tenemos otra discusión más que queremos incorporar en la ley y es que en el primer contrato está bien el tema del pago de las comisiones pero nunca en el segundo. Lo que hace la inmobiliaria es una gestión de negocios, te pone en la página, te da la información, te muestra el departamento, pide los certificados de dominio, hay todo un trabajo para el primer contrato. ¿Cuál es el trabajo en el segundo contrato? Ninguno.

Alejandro, los clubes sociales en los barrios están agonizando y teniendo muchísimas dificultades en el acceso a la tarifa social. ¿Qué es lo que pueden hacer, cuál es la mirada de este conflicto?

Nosotros recibimos a todos los clubes aquí y tuvimos una reunión muy grande, después participamos de la reunión en el Hotel Bauen. Presentamos un amparo en nombre de todos los clubes y estamos trabajando en la incorporación de los clubes a la tarifa social, aunque en realidad lo que le pedimos a Aranguren y a Mac Allister es que reglamenten porque tiene que haber una tarifa especial para los clubes y las entidades de bien público sin fines de lucro, esto no se ha reglamentado y para nosotros es fundamental que se reglamenten estas 2 normas. Hay que definir una tarifa especial que no se ha definido y está afectando a los clubes que como tienen concurrencia masiva de los vecinos se nota más, pero este problema está afectando a otras instituciones, a los centros de jubilados, a instituciones sanitarias, a instituciones educativas de las colectividades. Pedimos la reglamentación porque mientras tanto pagan la tarifa cruda que está viniendo, sino iremos a la justicia como hicimos con el amparo. Quiero aclarar que la justicia históricamente le ha negado a las defensorías la legitimación procesal para actuar en cuestiones de competencia federal, pero resulta que no hay Defensor del Pueblo de la Nación. Igual estamos tratando de cambiar el criterio de la acción judicial planteándola desde otro punto de vista, no desde el cuadro tarifario, sino del daño individual, pero todo esto es una construcción jurídica que queremos hacer en donde ahí nosotros si podemos entrar.

Existen muchas diferencias entre los vecinos y  los predios que se asignaron a los manteros. ¿Qué opinión hay sobre esto? Por un lado está la necesidad de trabajar, pero están las mafias  y al mismo tiempo la necesidad de los vecinos del espacio público.

Como lo describiste, hay una pluralidad de derechos que chocan irremediablemente y desde la Defensoría trabajamos en el conflicto en Once en diciembre, de hecho la mesa de diálogo se conformó a partir de un pedido nuestro. Siempre arrancamos del sector más vulnerable, en este caso el trabajador indocumentado, después el trabajador documentado y después ya comienzan una serie de situaciones distintas que quienes son los proveedores de estas personas, que rol tienen los locales que están frente a estos puestos que están en la calle. Sabemos que en la Av. Avellaneda los mismos locales que adentro vendían con factura afuera vendían sin factura y los puestos que estaban en la calle eran de los mismos locales de adentro en algunos casos, no de manera generalizada, pero sí de manera importante. Después, quÉ pasa con el cobro de coimas, porque eso no funciona si no hay un sistema que garantice el funcionamiento y para esto tiene que haber personas que estén involucradas. Creo que el gobierno ha tomado una decisión que ha logrado un consenso mayoritario por parte de la sociedad, al liberar estos lugares. Me parece que hay que trabajar desde el Estado primero con las personas más débiles buscando una mediación. Como el caso de los talleres textiles. ¿Cuál es el rol del Estado? Ir a romperle la cabeza al que vino acá indocumentado y que con eso tiene que sobrevivir?  No, hay que tratar de blanquear a ese trabajador, capacitarlo, tratar de ponerlo en legalidad, ver si además se le puede dar herramientas desde el Estado, máquinas para que conformen cooperativas y el apoyo legal para que lo puedan hacer. De hecho, son casas, no más de 400 establecimientos, no se necesita al FBI, ver si están en lugares donde se puede habilitar esa actividad,  que pongan en condiciones los locales, que hagan la adecuación y que pongan en blanco a los trabajadores. Es un proceso que hay que hacerlo en conjunto. Nosotros somos querellantes en el caso de los 2 chicos muertos en el taller clandestino de Flores, como también en Time Warp. Creo que el Estado debe buscar otros mecanismos y tiene que ver con trabajar paulatinamente, sé que a veces hay algunas medidas que tienen un fuerte acompañamiento público, de rápida acción con intervención de las fuerzas de seguridad y que dan resultado electoral, pero prefiero el diálogo. Creo en la necesidad del espacio público a disposición de todos, es un ámbito de participación democrático, también creo en la necesidad de que las personas que están en estado de vulnerabilidad puedan incorporarse al sistema. La grieta que yo veo es la de personas que están adentro del sistema y las que están afuera. Hay que cerrarla incorporando a las que están afuera.

Un censo popular dio 6 mil personas en situación de calle y 25 mil en riesgo. ¿Qué mirada tiene sobre esta situación?

La propuesta que vamos a presentar no es para paliar sino para tomar decisiones de fondo. Cuando se habla de la situación de personas en situación de calle, hay que definir claramente los grupos que hay, porque tenés personas que son psiquiátricas en situación de calle, tenés personas que sin ser psiquiatras viven hace 30 años o 40 años en la calle. Después tenés personas como los chicos del paco, que tienen el problema de la adicción, además hay personas que viven en Provincia de Buenos Aires y se quedan de lunes a viernes acá para ahorrar los boletos de colectivos, muchos de ellos trabajan en blanco. Hay que hacer una descripción correcta de todo esto y proponer medidas, como la apertura de más centros de paco para los que están parando atrás del Cementerio de Flores. Nosotros sabemos que están, la Justicia sabe que están, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes sabe que están, tenemos la responsabilidad de intervenir, no mirar para un costado. Con las personas que viven transitoriamente en la calle bueno, habrá que desarrollar más paradores, y controlar los paradores que tenemos, porque en algunos ya hay lógicas tumberas, como en el de Retiro, entonces la gente tiene miedo de ir. Cuando uno habla con los funcionarios, hay una idea de esto, lo que nosotros queremos es que esto se concrete y lo vamos a hacer como un plan concreto.

Pero ahora hay familias enteras en la calle…

Se han caído del sistema y hay que darles una solución habitacional, el Estado tiene hoteles, la posibilidad de otorgarles créditos, la posibilidad de la vivienda del IVC. La metodología de medición es compleja, el censo hay que hacerlo en un solo día, pero además tiene un problema, no es lo mismo hacer un censo en invierno después de 4 días de lluvia, que hacerlo en noviembre/diciembre, que no tenés lluvia y vas a tener mucha más gente en calle que si lo haces en invierno. No es una preocupación el número porque no veo que sea un número grande en términos del presupuesto de la CABA que es casi 10 mil millones de dólares.

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